La inhabilitación como norma en la política

Como informábamos en Metropoli Abierta “El Ayuntamiento de Barcelona deberá indemnizar a la UTE que comenzó el túnel de Les Glòries con más de 4 millones de euros, según una sentencia dictada por un Juzgado de Barcelona”. El motivo, la rescisión del contrato ordenado de forma unilateral por la alcaidesa de Barcelona, Ada Colau.

Una decisión errónea que deberemos pagar todos los barceloneses. Aunque no es un caso único. En un rápido repaso podemos sumar, a la peor alcalde de la historia de Barcelona, los errores diversos de gestión que han significado no sólo grandes perdidas x cuantitativas para la ciudad, si no también cualitativas. No debemos olvidar tampoco los graves problemas de imagen que producen temas como el de los manteros o la violencia en ciertos barrios de la capital. Estos errores económicos, no hablamos de política, serán pagados por todos, no por ella.

La política es un acto de gestión pública que no debe estar exento de un cierto nivel de responsabilidad patrimonial. Quién gestiona una empresa, en el ámbito privado, sabe que sus actos siempre deben estar regidos por un criterio profesional. En la política, donde el dinero no es del gestor sino de todos, esa responsabilidad debería ser aún mayor.

Es indigno que una política como Colau provoque un agujero de 4 millones de euros como si todo fuera un juego. Si respondiera con su patrimonio seguramente mediría mucho más sus acciones, y eso que para algunos es una utopía debería ser una parte fundamental del juego democrático. Los errores en política deben pagarse.

Estas situaciones descubren una realidad patente en la política municipal. Ninguno de sus actores, ahora incluimos a la mayoría de candidatos – aquí podemos eliminar a Bou del PP – ha gestionado en su vida un miserable negocio. Y de la misma forma simplemente han ido sumando dinero público tras dinero público sin más riesgo personal que saberse receptores de una nómina a final de mes. Suman y suman, pero son intocables.

La responsabilidad de los políticos debe ser una exigencia siempre en lo económico. Aunque, seamos sinceros, entrar en ese requerimiento de garantía económica podría ser un impedimento para el acceso a la política de muchos ciudadanos. Por ello, hemos de pensar en otra figura legal, la inhabilitación. Y aquí deberíamos apostar con fuerza para expulsar de forma temporal a cualquier mal gestor de dinero púbico.

Esta figura debería estar presente en cualquier acto perjudicial para una Institución pública donde una decisión, bien basada en mentiras, bien en prevaricación, fuera demostrada. No hablamos aquí de la gestión política sino de la gestión de lo público en base a las medias verdades y a las medias mentiras. Y siempre, con la máxima garantía, de una sentencia judicial.

Por eso algunos creemos que las condenas económicas de 4 millones al Ayuntamiento de Barcelona son una memez si no van acompañadas del complemento de la inhabilitación temporal para los máximos responsables. Quizás alejando a los incompetentes del poder podríamos tener un futuro más saludable. Los fiscales y jueces deberían velar por esa seguridad de todos.

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